La Impunidad Sigue Siendo Regla en El Salvador

 
 

David Morales, Director de Derechos Humanos de Fundación Cristosal participó en la audiencia “Acceso a la justicia en el contexto de la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía en El Salvador”, en el marco del periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En Julio de 2016 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, que había sido aprobada en 1993. Con esta histórica decisión fue derribado un símbolo de impunidad de los crímenes realizados durante el conflicto armado.

Un año después, se debe reconocer que existen varios signos positivos desde el estado salvadoreño para saldar las deudas con las víctimas. Entre ellos se destacan:

  • Creación de un mecanismo nacional para la búsqueda de personas desaparecidas
  • Realización de actos públicos de reconocimiento de reconocimientos estatales en casos de masacres
  • Creación de espacios para las narrativas oficiales y de las víctimas

Sin embargo, la persecución de los crímenes del pasado ha variado poco o nada. Existen 100 causas que han sido presentadas a lo largo de los años por las víctimas, tanto ante los tribunales de justicia como de la Fiscalía General que no han presentado avances. Este es un balance delicado, ya que las víctimas han esperado tres décadas por la justicia.

El caso de la masacre del Mozote fue reabierto en septiembre de 2016. Luego de un incumplimiento prolongado a la sentencia de la Corte Interamericana. En este caso se han realizado recepciones de testigos, se ha solicitado información sobre registros de operaciones militares, pero estos han sido denegados por el Estado. La Fuerza Armada Salvadoreña niega la existencia de estos registros.

La defensa de 18 militares acusados está asumiendo una estrategia dilatoria para retardar el avance de la instrucción penal. La Fiscalía General no ha presentado ninguna petición sobre el caso del Mozote para impulsar las diligencias e investigaciones.

 
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El segundo caso es el de la masacre del calabozo, este caso fue reabierto en diciembre 2016. Sin embargo, solo existe una única diligencia, que fue la solicitud de información al gobierno y a las fuerzas armadas sobre los cargos de los militares acusados. Tampoco existe una sola petición por parte de la fiscalía para impulsar el proceso.

Un tercer caso presentado es el del magnicidio de Monseñor Romero, donde se ha quedado sin efecto el sobreseimiento para el único responsable vivo identificado en el proceso, el Capitán Álvaro Saravia. Aunque la Fiscalía no ha presentado posición ante la reapertura, el caso en cuestión se encuentra en parálisis.

También debemos decir que, en los restantes casos, la situación de impunidad ha prevalecido durante muchos años. Tal es el caso de la masacre del Barrío en Morazán, cuya denuncia penal fue presentada en el 2003; la masacre de La Quesera, en Usulután, la denuncia fue presentada en 2007; la masacre de San Francisco Angulo, cuya denuncia fue presentada en 2009.

A pesar de los años transcurridos, ninguna de estas masacres ha sido judicializada. Lo mismo sucede en diversos casos de desaparición forzada que fueron presentados ante la Fiscalía General y que no son objeto de judicialización, inclusive casos de desapariciones forzadas de niños y niñas.

Este escenario de impunidad, que es atribuible a la Fiscalía General de la República y a diversos jueces y juezas, que conocen de estos casos en concreto. Solo está teniendo una excepción positiva, pero todavía limitada, en el caso de la Masacre del Mozote, pese a la inactividad fiscal.

Entendemos como positivas algunas disposiciones, que ha demostrado la Fiscalía General actual de mantener algún nivel de conversaciones con organizaciones y víctimas. Sin embargo, esto no se ha traducido en acciones concretas.

Queremos disentir del argumento del Fiscal General, que dice carecer de recursos para judicializar estos casos. Aunque los recursos son importantes, sabemos que tiene las capacidades instaladas básicas para pedir las diligencias básicas, entre ellas la información militar. A pesar de tener esta capacidad, tampoco se ejerce.

Uno de los principales retos es que exista voluntad política al más alto nivel de la Fiscalía General para impulsar los casos. Reiteramos nuestro reconocimiento a las acciones positivas informadas por el estado, pero deseamos recordar que la primera y más importante medida de reparación es la justicia. Los pedidos de perdón se vuelven vacíos si las víctimas no reciben una atención integral. Por lo tanto, es importante que se trate de avanzar hacia estándares más cercanos a los establecidos por los órganos de protección a derechos humanos y a la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía.

Hannah Rose Nelson