Nuevos testigos de El Mozote declararán ante el juez tras meses de espera

Foto Cristosal

Foto Cristosal

El caso de El Mozote y lugares aledaños lleva más de 20 años en esperade justicia por el millar de víctimas torturadas y asesinadas entre el 11 y 13 de diciembre de 1981, en Morazán. El proceso estaba en pausa desde inicios de junio pasado por un recurso de los abogados defensores de los exmilitares acusados, pero finalmente fue rechazado. Esta semana llegarán a declarar ante el juez del caso nuevos testigos, familiares de las víctimas de la masacre más grande registrada durante el conflicto armado salvadoreño.

Las audiencias públicas por el caso de la masacre de El Mozote y lugares aledaños serán reanudadas a partir de este jueves 21 de septiembre. El proceso judicial que tiene lugar en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, en Morazán, había sido interrumpido desde el pasado 3 de julio tras la presentación de un recurso de apelación de los abogados defensores de los 11 exmilitares acusados en el caso.

El recurso fue declarado improcedente por la Cámara Tercera de la Sección Oriente el pasado 24 de agosto. En este los abogados de los militares consideraban que el proceso no podía continuar porque los representantes de las víctimas de la masacre no tenían autorización para acusar. Sin embargo, la cámara verificó los nombres de los familiares y comprobó la existencia de lazo sanguíneo, dijo Federico Escobar, secretario de la Cámara de Segunda Instancia de la Tercera Sección de Oriente, a La Prensa Gráfica.

Para este jueves y viernes está previsto que las audiencias públicas inicien a las 9:00 a.m. y se interrogue a cuatro testigos, según fuentes oficiales del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Gotera. Todos son familiares de las víctimas de la masacre y se unen a los 17 testigos históricos que ya forman parte del caso.

Los exmilitares son señalados por asesinato, violación, violación agravada, privación de libertad agravada y violación de morada; robo, daños agravados, actos de terrorismo y actos preparatorios de terrorismo en contra de más de 1,000 víctimas. Todos estos delitos aparecen recogidos en el antiguo Código Penal de 1973, vigente al momento de los crímenes.

 Los abogados de Tutela Legal, que representan a las víctimas desde la apertura del caso en octubre de 1990, realizaron una conferencia para recordar al Gobierno, y en concreto al Ministerio de la Defensa Nacional, que están en la obligación de brindar toda la información disponible en el archivo militar sobre las operaciones tácticas realizadas en la zona.  También señalaron a la Fiscalía General de la República por no estar cumpliendo con su papel de investigar.

El fiscal general Douglas Meléndez ya se había defendido antes por la falta de actuación de la Fiscalía al sostener que es competencia del juez requerir las diligencias a la parte fiscal, ya que en este caso se está aplicando el código procesal de 1973.

“Estos procesos son dirigidos por el juez porque están bajo la anterior normativa, donde oficiosamente quien dirige es el juez, no la Fiscalía; por eso a lo mejor la Fiscalía no se ha visto tan activa en esos casos. Nosotros sí vamos a aportar lo que tengamos que hacer”, dijo Meléndez el pasado 13 de junio tras participar en un evento organizado por la Embajada del Reino Unido en un hotel capitalino.

La demanda de información de Tutela Legal es parte de la investigación que fue ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante sentencia emitida en 2012. La apertura del caso fue posible también tras la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. Pero el acceso a los documentos militares sigue bloqueado, y esa información es necesaria para poder investigar y determinar la cadena de mando militar que autorizó y ejecutó las órdenes de las operaciones militares,  expresaron los acusadores particulares.

David Morales, Director de Derechos Humanos de Cristosal/Foto Cristosal

“Por leyes vigentes en la época deberían existir una serie de documentos que pueden aportar información sobre el desarrollo de esta política de Estado que consistió en las masacres sistemáticas de población civil a inicios de los años 80 – aseveró el abogado David Morales-. Esa obligación existió por ley y es obligación de las autoridades de justicia requerirlas, tanto del juez de la causa como el fiscal general de la República”.

Los acusadores particulares sostienen que la información militar servirá para esclarecer los hechos que fueron negados durante años, antes de la judicialización del caso en 1990 y aún después por los gobiernos de derecha a pesar del hallazgo de cientos de osamentas por parte del Equipo de Antropología Forense y ser parte de los hechos verificados por el informe de la Comisión de la Verdad. También para delimitar la participación de los militares imputados en la operación “Rescate” que arrasó en los caseríos El Mozote, La Guacamaya, Cerro Pando, Los Toriles, Jocote Amarrillo y el cantón La Joya, al norte de Morazán, entre el 11 y 13 de diciembre de 1981.

Sin embargo, los abogados de Tutela Legal hicieron hincapié en que las autoridades militares de esa época no pueden alegar desconocimiento debido al alto rango que ostentaban, como el caso del exministro de Defensa, José Guillermo García; el viceministro de Defensa, Francisco Adolfo Castillo; y el jefe del Estado Mayor, Rafael Flores Lima.

“Este tipo de operaciones la realizaban con fuerza aérea, artillería, con dos o tres unidades de infantería, intervenían los comandantes regionales, el comandante departamental y miembros del Alto Mando. Este tipo de operaciones no es posible realizarlas si no es con una orden del ministro o viceministro de la Defensa y en coordinación del Estado Mayor de la Fuerza Armada, esto es así por ley”, acotó Morales.

Ante la falta de respuesta de las instituciones públicas involucradas, los abogados acusadores no descartan tomar otras medidas ante la información porque consideran que está siendo ocultada, pues “es inverosímil que no exista registro alguno, solo es posible si ha existido mano criminal a propósito para encubrir este crimen, por lo cual serían nuevos delitos que no han sido investigados”, expresó el acusador particular, David Morales, exprocurador de los Derechos Humanos.

Además, Tutela Legal pide que el proceso no sea dilatado innecesariamente pues los testigos están siendo revictimizados al ser cuestionados, y algunos ya son personas mayores. No obstante reconocen que la complejidad y dimensión del caso de El Mozote y los lugares aledaños seguramente requerirá prórrogas para profundizar en la investigación judicial.

“Lamentablemente muchos están falleciendo sin ver la justicia hacia ellos y sus familiares, por eso es el llamado a que no estemos dilatando el proceso. Son recursos para dilatar, similar a lo que pasó en nuestra vecina Guatemala, en el caso de Ríos Montt presentando recursos inconsistentes únicamente con el ánimo de paralizar el sistema judicial”, dijo Wilfredo Medrano, abogado de Tutela Legal.

Cidón. M. (19 de septiembre de 2017). Nuevos testigos de El Mozote declararán ante el juez tras meses de espera. Revista Factum. Recuperado de: http://revistafactum.com/nuevos-testigos-mozote-declararan-ante-juez-tras-meses-espera/

Jorge Medrano