Comunicado de Prensa

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El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), el Servicio Social Pasionista (SSPAS), la Fundación Cristosal y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), ante las reacciones de los altos funcionarios del Gobierno, tras las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales atribuidas a agentes del estado encargados de velar por la seguridad ciudadana EXPRESAMOS:

Lamentamos que, tras la audiencia temática convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 05 de septiembre de 2017, para tratar la problemática de presuntas ejecuciones extrajudiciales en El Salvador, las organizaciones peticionarias han sido objeto de expresiones públicas de descalificación, estigma y señalamientos infundados sobre posible vinculación con agrupaciones ilícitas, las cuales rechazamos categóricamente.

Tales expresiones públicas fueron vertidas por altos funcionarios del Estado, entre ellos los señores Ministro de Justicia y Seguridad, Viceministro de Justicia, Director de la Academia Nacional de Seguridad Pública y Presidente de la Asamblea Legislativa.

La presentación de denuncias o la solicitud de audiencias temáticas ante la CIDH, constituye un derecho de la ciudadanía y de las organizaciones de derechos humanos, conforme establece la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual El Salvador es Estado Parte y debe verse como algo normal en el marco de un Estado de Derecho.

Lamentamos que, ante los hechos de suma gravedad expuestos en la audiencia, la respuesta por parte de los altos funcionarios del Gobierno se haya traducido en ataques a las organizaciones de derechos humanos, así como un menosprecio ante el uso legítimo del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y de las personas que representan el mismo.

Es oportuno recordar que, frente a cualquier denuncia de violaciones de los derechos humanos -como presuntas ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones a los Derechos Humanos- es una obligación indelegable de las autoridades competentes investigar con seriedad tales hechos. Sobre todo, cuando estas denuncias están fundamentadas en los datos oficiales proporcionados por la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio de Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República, las resoluciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), y los casos que las instituciones mencionadas están trabajando.

La mejor forma de proteger la institucionalidad del Estado es la realización de una investigación diligente y permitiendo el acceso a la justicia de las víctimas. Esta es la única vía para fortalecer y legitimar a las instituciones de seguridad. Por el contrario, la descalificación, estigmatización y los señalamientos infundados contra las organizaciones de derechos humanos, son un camino que puede escalar a la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas, por lo que instamos a las autoridades estatales abstenerse de continuar con esta práctica.

Asimismo, exigimos que se cumplan con las recomendaciones de la PDDH y la CIDH, entre ellas fortalecer los controles internos de la PNC, y se dé una respuesta efectiva a las preocupaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la posibilidad de estar ante un patrón de ejecuciones extrajudiciales en el país

Asimismo, las organizaciones firmantes reiteramos nuestra solidaridad con las víctimas de la violencia, entre ellas las familias de miembros de la PNC, efectivos de la Fuerza Armada y todas aquellas personas que han fallecido a causa del cumplimiento de su labor o por ataques de grupos delictivos, y demandamos investigaciones serias y justicia ante tales hechos.

También reconocemos el esfuerzo del Estado y diversos avances en materia de las políticas de seguridad, especialmente los tendientes a avanzar en el cumplimiento del Plan El Salvador Seguro. Sin embargo, nos mueve a preocupación que la protección y atención de las víctimas de la violencia y de las violaciones de los derechos humanos, sigue siendo el eje que menores avances evidencia en este proceso. Asimismo, nos preocupa la aprobación de nuevos planes o de decretos que van en la lógica de la represión y en contra de lo establecido en el Plan El Salvador Seguro

Finalmente, reiteramos nuestra disposición al diálogo franco y a colaborar para el desarrollo de una corporación policial profesional y respetuosa de los derechos humanos, como lo hemos venido haciendo desde la Mesa de Actuaciones Policiales constituida ante la titularidad del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

San Salvador, 14 de septiembre de 2017.-

Jorge Medrano