Sala de lo Constitucional admite cuarto amparo en materia de desplazamiento forzado interno

La Sala de lo Constitucional admitió con fecha 22 de noviembre de los corrientes, la cuarta demanda de amparo en materia de desplazamiento interno por violencia. Las cuatro demandas fueron interpuestas en diferentes fechas desde junio por familias que se vieron obligadas a desplazarse de sus hogares por amenazas o atentados cometidos por pandillas. La Fundación Cristosal acompañó y apoyo a las víctimas en la interposición de los recursos. 

Las demandas plantearon violaciones al derecho a la seguridad, al derecho a la libre circulación y al derecho a la protección jurisdiccional y no jurisdiccional. También se plantearon violaciones a algunos derechos económicos, sociales y culturales, como efecto del desplazamiento. 

Las violaciones planteadas son tanto por las omisiones cometidas por autoridades policiales como fiscales, que a pesar de que conocieron de los hechos y riesgos de las familias, no activaron oportunamente las medidas adecuadas ordinarias o extraordinarias establecidas por la Ley Especial de Protección de Víctimas y Testigos. También se señalaron las omisiones cometidas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Comisión Coordinadora del Sector Justicia, la Unidad Técnica Ejecutiva y la Asamblea Legislativa por haber omitido elaborar políticas, programas y el marco legal de protección para víctimas de desplazamiento forzado interno. 

En dos de las demandas, además se planteó la omisión de un debido diligenciamiento en la investigación y juzgamiento de las personas responsables de los atentados y ataques contra las familias. 

La Sala admitió las demandas, al considerar que cumplen con los requisitos de ley, constituyendo los primeros casos sobre desplazamiento interno conocidos por la justicia constitucional. 

En las resoluciones de los casos, la Sala de lo Constitucional ordena que la PNC y la FGR, adopten las medidas pertinentes para asegurar la integridad personal y la seguridad de los demandantes respecto de las amenazas en su contra por parte de miembros de las pandillas, así como las medidas pertinentes para judicializar a los responsables de los delitos denunciados por los demandantes y cualquier otro delito que se investigue con relación al caso.

Además, debido a la existencia razonable de una amenaza o daño para la vida, integridad personal, libertad, patrimonio y tenencia de bienes inmuebles de los demandantes, se ordena como medida de protección omitir la identidad de los demandantes, la reserva del caso y se restringe el acceso al expediente judicial al público en general. 

Estas admisiones constituyen un precedente relevante en materia de resguardo de los derechos a la protección de las víctimas de violencia, y que ha contado con el beneplácito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que felicitó al tribunal constitucional salvadoreño.  Hace algunas semanas la CIDH otorgó también medidas cautelares de protección a favor de uno de los casos. 

La admisión de los amparos se da en un contexto en que tanto la Relatora de Naciones Unidas contra los Desplazamiento Internos y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que han visitado el país en los últimos meses, ha recomendado al gobierno salvadoreño que debe aceptar el fenómeno para enfrentarlo.

En los próximos días se presentarán dos nuevos amparos, que evidencian que la problemática de los desplazamientos internos por violencia esta afectando a las familias salvadoreñas. 

San Salvador, 29 de noviembre de 2017.

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Hannah Rose Nelson