Sobre la Situación del Desplazamiento Forzado en El Salvador

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El 6 y el 13 de octubre de 2017, la Sala de lo Constitucional ordenó mediante dos resoluciones de amparo la adopción de medidas de protección a favor de dos familias que habían sido víctimas de desplazamiento forzado interno como consecuencia de amenazas, extorsión, golpes, acoso y violación por parte la pandilla Mara 18.

Las demandas de Amparo admitidas forman parte de una serie de acciones de acompañamiento de Cristosal a víctimas de desplazamiento forzado. Son un total de 5 amparos, donde familias victimas, con la asesoría de unidad de litigio estratégico de Cristosal, han demandado la necesidad de un programa de protección eficaz e integral a víctimas de violencia en condición de desplazamiento interno.

Ante las limitadas respuestas estatales y la negación de reconocer oficialmente la problemática del desplazamiento interno y su magnitud, las demandas de amparo exigen la creación de un marco amplio de protección a víctimas, que trascienda el actual programa de protección de testigos.

La Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jimenez Damary, en su informe preliminar sobre su visita a El Salvador, realizada el pasado agosto de 2017, sostuvo que el fenómeno del desplazamiento interno provocado por la violencia generalizada y relacionada con las pandillas es una crisis significativa y, en gran medida, no reconocida en El Salvador que afecta a miles de personas, familias y comunidades enteras. Al respecto, hizo un llamado para el establecimiento de un marco legal, de política e institucional para abordar específicamente las necesidades y vulnerabilidades de los desplazados internos, como una categoría de víctimas, tarea esencial y aún pendiente en El Salvador.

Ante la resolución de la Sala de lo Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Relatora Cecilia Jíemenez Damary publicaron un comunicado conjunto el Viernes 27 de octubre donde destacó:

“Saludo estas importantes y oportunas decisiones de la Sala de lo Constitucional en estos casos. Estas resoluciones ayudan a traer visibilidad a los problemas y las muchas víctimas escondidas de la violencia y el desplazamiento interno en El Salvador quienes son altamente vulnerables y requieren protección, apoyo y acceso a la justicia. Estos reconocimientos de las deficiencias del sistema de protección que actualmente funciona en El Salvador deben contribuir a inspirar una revisión necesaria por parte del Estado de sus marcos jurídicos, políticos e institucionales para la protección de los derechos humanos de todos quienes están internamente desplazados por la violencia.”

Al no existir cifras oficiales sobre el Desplazamiento Forzado, mucho menos registros estatales, surge la necesidad desde Cristosal y otras organizaciones de sociedad civil, la creación de un sistema de monitoreo para el seguimiento del desplazamiento interno.

Este modelo de monitoreo contempla la construcción de los instrumentos metodológicos y de recolección de información, estrategia territorial para recolectar la información, construcción de las plataformas informáticas para almacenar y procesar la información recopilada y la producción de informes.

El Centro de Monitoreo del desplazamiento forzado es importante, porque aporta información sobre el fenómeno. Sin información no es posible la construcción de las políticas y programas de asistencia y protección a las víctimas del desplazamiento interno. En la actualidad, se han visto esfuerzos importantes para llenar ese vacío de información, pero no han sido lo suficientemente articulados ni estructurados para dar un seguimiento al fenómeno del desplazamiento interno. De allí surge la necesidad, desde Cristosal, para que el estado y otras organizaciones puedan retomar los datos que serán presentados.

Es por ese motivo que Cristosal se constituye como un socio del Internal Displacement Monitoring Center (IDMC), un instituto especializado en recoger y publicar datos relacionados al desplazamiento forzado interno a nivel global. IDMC está iniciando un proyecto en la región del Triángulo Norte de Centroamérica, financiado integralmente por la Oficina de Población, Refudiagos, y Migración del Departamento de Estado de los Estados Unidos de America. El proyecto busca contribuir a la comprensión y la estimación del alcance del fenómeno del desplazamiento interno inducido por violencia criminal en la región con el fin de lograr una política pública y programación basada en evidencia. Este día, representantes del instituto sostendrán una reunión estratégica con Cristosal y organizaciones de sociedad civil para establecer alianzas que permitan monitorear este fenómeno con mayor precisión.

San Salvador 31 de octubre 2017.

Jorge Medrano