“La situación es crítica”: abogado de familia desplazada

Foto Global Eyes Media

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Abogado dice que aspiran a que sala ampare a familia y que ordene crear un programa de atención de desplazados.

Una familia extensa, compuesta por unos 30 afectados, comenzó a recibir ataques de la pandilla Barrio 18 en abril de 2017. El desenlace: lesiones, violaciones, un asesinato y el desplazamiento de la familia de su lugar de vivienda. Tocaron las puertas de varias instituciones del Estado, pero no recibieron auxilio de ninguna. Hasta el viernes pasado que la Sala de lo Constitucional ordenó que se adopten medidas para protegerlos. El abogado que los representa explica que, más que medidas de protección temporales, buscan que este caso se convierta en referente para la creación de programas de atención de víctimas de desplazamientos en El Salvador.

“Las respuestas del Estado son bien limitadas, casi insignificantes con respecto al nivel de la problemática... Más que les den coyunturalmente medidas de protección, lo que buscamos es un precedente que se establezca la obligación de crear un programa más amplio”, dice Abraham Ábrego, coordinador de la Unidad de Litigio Estratégico de Cristosal, organización que ha acompañado a la familia en la demanda de amparo.

Los demandados por la desprotección de esta familia son el ministro de Justicia y Seguridad Pública, la Comisión Coordinadora del Sector Justicia, la Asamblea Legislativa y la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE) del sector justicia, además de otros.

En algunos casos lo más que ha llegado a activar instituciones, Policía o Fiscalía, son que a la gente le ponen un nombre clave, pero hasta ahí llegan. No llegan ni siquiera a activar los albergues.
— Abraham Ábrego, Coordinador de Litigio Estratégico Cristosal

Una de las pretensiones de la demanda es que después del proceso de amparo se cree un programa de protección para víctimas de desplazamientos internos, y se ordene un marco legal para la protección de estas víctimas, porque actualmente no existe uno. El sistema actual, apunta Ábrego, es muy restringido. Se basa en una ley de protección a víctimas y testigos que funciona en el marco de procesos penales, y únicamente permite ser beneficiario de un programa de protección cuando se colabora con la justicia.

“Tratamos con estos casos que se resalte que hay una desprotección bastante fuerte para las víctimas de violencia. La situación que están viviendo es bien crítica... El programa es muy limitado, tiene pocos recursos y muchos de los beneficiarios son pandilleros que sirven de testigos criteriados y no tienen un mecanismo ni recursos para separar a los pandilleros de las víctimas de violencia”, agrega Ábrego, quien cree que la institución que más se ha interesado en resolver este problema es la Procuraduría para Derechos Humanos, porque creó un protocolo de atención.

Cristosal es una de las organizaciones no gubernamentales que conforman la Mesa de la Sociedad Civil contra Desplazamiento Forzado por Violencia y Crimen Organizado, una instancia que en el primer semestre de 2017 reportó un incremento del 54 % de los casos respecto del primer semestre de 2016.

Ávalos. J. (11 de Octubre 2017). “La situación es crítica”: abogado de familia desplazada . La Prensa Gráfica. Recuperado de: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/La-situacion-es-critica-abogado-de-familia-desplazada-20171010-0084.html

Jorge Medrano